Descubre los beneficios de esta ley para ti, tu empresa o tu familia.
El deudor autónomo o empresario puede continuar con su actividad laboral libremente, aunque no tendrá disponibilidad de venta sobre el patrimonio.
Los acreedores afectados por el acuerdo no podrán continuar con ninguna acción judicial o extrajudicial sobre el patrimonio del deudor.
No podrán anotarse embargos posteriores sobre los bienes del deudor.
La deuda no se incrementará, ya que no se generarán intereses durante el plazo de negociación del acuerdo.
El proceso no sólo beneficia al deudor sino también a los acreedores. El concurso de acreedores tiene como finalidad principal proteger los intereses de los acreedores y tratar de mantener la actividad de la empresa en dificultades. El proceso busca alcanzar acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas y permitan la viabilidad económica a largo plazo.
Descubre los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
"Que una mala época económica de tu empresa por razones ajenas a tu voluntad no condene tu vida profesional"
Como empresario, tú también te liberarás de responsabilidad si cumples las obligaciones legales de buen diligente.
"Que una mala época económica o una mala decisión no condene tu vida profesional"
Como profesional autónomo puedes acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad y tener una nueva oportunidad profesional.
"Que una mala época económica no arruine tu futuro y el de los seres que más quieres"
Tu y tu familia podéis acogeros a la Ley de Segunda Oportunidad e iniciar una nueva vida con nuevas oportunidades
En primer lugar, el deudor deberá intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores. Para ello, podrá contar con la figura de un mediador concursal que lo ayude en la negociación. En este proceso, el deudor tendrá que liquidar sus bienes no necesarios para el ejercicio de su actividad profesional para abonar las deudas que pueda pagar o pactar un calendario de pagos para hacer frente a dichas deudas teniendo en cuenta las necesidades básicas de la persona, siempre que éste no supere los diez años.
Si finaliza el proceso de negociación, de unos dos meses aproximadamente, y no se ha alcanzado acuerdo alguno, el deudor y el mediador concursal podrán solicitar el concurso de acreedores voluntario. En esta segunda fase, se podrá exonerar al deudor de gran parte de sus deudas bajo dos condiciones: que se considere que el deudor ya no tiene dinero ni activos para afrontar sus deudas y que haya demostrado obrar de buena fe.
Porque cada cliente tiene una situación diferente, cada caso requiere de un estudio y un tratamiento personalizado.
A fin de simplificar el proceso y acotar los plazos, se tratará de lograr acuerdos con los diferentes acreedores.
El concurso de acreedores es un procedimiento legal que se inicia cuando una persona jurídica se encuentra en una situación de insolvencia y no puede cumplir con sus obligaciones de pago hacia sus acreedores.
En esta última fase el deudor podrá solicitar la exoneración de pasivo insatisfecho, esto es, el perdón de las deudas pendientes, que se aprobará si cumple dos requisitos: que haya procedido a la liquidación de su patrimonio y que haya obrado de buena fe.
Acogiéndote a la Ley de Segunda Oportunidad, no tendrás que afrontar las deudas con todo tu patrimonio presente y futuro, como estipula el principio de responsabilidad universal. Gracias a ella, si has intentado cumplir con tus obligaciones económicas pero no lo has conseguido por razones ajenas a tu voluntad, tus deudas no se convertirán en una carga perpetua. Al contrario, podrás seguir con tu vida personal y profesional.
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El costo depende de cada caso, pero siempre tendrás un presupuesto cerrado antes de iniciar el procedimiento, con independencia de la duración
El coste depende de cada caso. Pero con Liberae siempre tendrás un presupuesto cerrado antes de iniciar el procedimiento, con independencia de su duración. Muchas empresas te cobrarán una cuota mensual sin que puedan asegurarte la duración del proceso, que puede extenderse varios años. Sin embargo, en Liberae conocerás el coste total de acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad desde el primer momento, para que puedas tomar una decisión.
Nuestro equipo de profesionales estará encantado de resolver tus dudas sin ningún compromiso. Es imprescindible para liberae que conozcas las características de cualquier procedimiento antes de iniciarlo.
Para que el deudor sea considerado de buena fe, deberá cumplir varios requisitos. Entre ellos:
No. Los créditos alimentarios, esto es, la manutención de los hijos en caso de estar divorciado, no pueden ser exonerados. Tampoco pueden ser exoneradas los créditos de derecho público (Agencia Tributaria o Seguridad Social), si bien la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019 corrige esta limitación al abrir la puerta a que a los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas; en concreto, el crédito ordinario y subordinado (intereses, recargos, sanciones y un 50 % de la cuota). Mientras que el resto (crédito privilegiado) podrán abonarlo en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años que tenga en cuenta su capacidad económica real.
En realidad, no. Cualquier acreedor podrá pedir al juez la revocación de la exoneración de deudas si, en plazo ilimitado, el acreedor entiende que su deudor ha obrado de mala fe o ha obtenido ingresos mediante economía sumergida. Si el acreedor pide la revocación de la exoneración de deudas y el juez la acepta, el deudor dejará de estar sometido a esta ley y volverá a contraer sus deudas.
Sí. Según el texto oficial, “la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años”.
Tal y como dicta la ley, el registro podrá ser consultado por “las personas que tengan interés legítimo en averiguar la situación del deudor (...), así como las Administraciones Públicas y órganos jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar la información necesaria para el ejercicio de sus funciones”. Es decir, la lista podrá ser consultada por las Administraciones Públicas, los bancos o los posibles clientes y proveedores del emprendedor.